martes, 20 de octubre de 2009

SI APAGAS LA LUZ DEL CENTRO, LA PAGAS!



A PAGAR TODOS!!!
Por Raúl "Cabo" Catoche.
Recordemos un poco la historia, en el libro la diferencia de Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar los autores nos comentan que Ernesto Zedillo le propuso en algún momento del periodo de transición en el año 2000 al recién electo presidente de México Vicente Fox aumentar la tarifas eléctricas, elevar el precio de las gasolinas e introducir en la Cámara de Diputados la propuesta del IVA (Impuesto al valor Agregado) en medicinas y alimentos, no obstante, eso fue negado por Fox[1]. Aunque estas acciones resultaban necesarias no sólo para el presidente saliente sino para el entrante y en principio ayudaría a tener un gran ahorro y contribuir a sanear las finanzas.
En principio, Vicente Fox comenta que no se bordaron esos temas pero “lo que sí abordaron fue la situación de de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Zedillo consideraba que por sus enormes costos representaba un problema inmenso para México; le dijo a Fox que durante su mandato había llegado a la conclusión de que sólo mediante la requisa y una sólida estrategia de seguridad, para enfrentar a los trabajadores en las calles, se podría cambiar las cosas. Fox acepta que Zedillo tenía razón y que la única manera de de resolver a fondo el problema de la Compañía de Luz es que ésta se integre a la Comisión Federal de Electricidad. El camino a seguir consiste en comprar el contrato colectivo y liquidar, con todos los derechos ganados, a los trabajadores”.[2]
A la distancia concordamos con los autores en que Fox no la pudo ó no quiso poner en práctica esta solución durante su gobierno porque representaba utilizar el uso de la fuerza pública y el costo político sería muy alto y ya no estaba dispuesto a pagarlo y mucho menos después de lo de Atenco.
Sin embargo, Luz y Fuerza del Centro y su sindicato (SME) Sindicato Mexicano de Electricistas ya tenían sus días contados, bajo el argumento del alto costo financiero que representaba su operación y mantenimiento. Posiblemente el mismo problema le haya sido planteado a Felipe Calderón en su momento, pero como ya hemos visto, estos tres primeros años de su sexenio han representado escasa movilidad política dado el cuestionamiento de origen que se ha hecho en la forma en que accedió al poder y que ha tenido que remontar para lograr la legitimidad política necesaria para poder “gobernar”.
Algunas de las condiciones se fueron dando gradualmente y otras se aceleraron para extinguir a la compañía, muchos ojos estaban ya cercando a la presa, sólo era cuestión de tiempo y nueve años después de ese planteamiento, finalmente se haría realidad.
Para ello se actuó en dos líneas básicamente, en la jurídica y en la política para inmovilizar a su sindicato y neutralizar posibles apoyos por parte de líderes ó otras organizaciones sociales afines.
En éste año se aprovecho a coyuntura de la elección interna de la dirigencia de su sindicato la cual fue severamente cuestionada y magnificada por los medios de comunicación; este era el momento esperado, se comenzó a configurar y operar rápidamente la estrategia que había ya sido diseñada años atrás, casualmente en un gobierno del PRI.
A través del secretario del trabajo Javier Lozano se tendió la cortina de humo para distraer la atención en el terreno laboral sobre elecciones sindicales, derechos laborales, vida interna de los sindicatos etc. La discusión comenzó a darse en ese terreno y si debía o no darse la toma de nota a su líder sindical Martín Esparza; mientras tanto, en gobernación los técnicos en materia jurídica preparaban la extinción legal de la compañía; los primeros días de octubre de 2009 fueron cruciales, por su lado, Lozano se encargaba de la parte Político- laboral y con ayuda de los medios de comunicación principalmente radio y Tv, se encargaba de restarle credibilidad al sindicato; en la segunda semana de octubre se asesta un golpe mediático impresionante al SME al exhibir el costo financiero de mantener en operación a Luz y Fuerza del Centro además de sacar a la luz la prebendas y privilegios de su líderes sindicales con la finalidad de exhibirlos y para que estos fueran cuestionados por la opinión pública, con ésta acción además de ganarle apoyo social al gobierno ante la inminente extinción de LyFC, generaba enconos y divisiones entre los trabajadores.
Así se apresuró la decisión de extinguir a la compañía; Felipe calderón señaló que no fue fácil tomarla, seguramente, a varios presidentes no se les había presentado ésta oportunidad. El gobierno obtuvo una victoria jurídica al actuar rápidamente y conseguirse el apoyo de la sociedad al exacerbar los ánimos de la población en contra del SME con el apoyo de los medios y con el uso de la fuerza pública para tomar las instalaciones.
Así Felipe Calderón se deshace de a un sindicato que no le es afín políticamente y que se encuentra aparentemente muy debilitado, por su parte el PRI no parece muy dispuesto a intervenir en el conflicto y mucho menos completar el quórum para presentar un controversia constitucional que mantenga vivo al SME ó ejercer otra acción a favor del sindicato; sobran razones, el corporativismo sindical ya no le es tan leal como antaño. Además comienzan a vislumbrar en el futuro su regreso a los Pinos y que mejor que encontrar la casa limpia, con recursos, pocas obligaciones y que en éste momento sean otros los que carguen con los costos sociales y políticos. Además, porque el PRI tendría que oponerse a una medida que en lo inmediato y aparentemente no lo beneficia en nada.
Se tiene en éste momento un problema de fondo y de forma en el que algunos juristas como Néstor de Buen argumentan la ilegalidad de la medida, otros actores comentan que esta acción va dirigida a privatizar el servicio; muchas otras voces comienzan a utilizar el discurso de que el gobierno esta atentando contra los derechos laborales de los trabajadores y contra el sindicalismo mexicano, otros tantos ven en ésta medida la cancelación de la vía del diálogo por parte del gobierno para dirimir conflictos. Aún no hay acuerdo, se pueden presentar problemas sociales mayores, sobre todo ante la presencia e intromisión de otros actores políticos en éste conflicto.

[1] Aguilar V. Ruben y G. Castañeda Jorge. La Diferencia, Radiografía de un Sexenio, Primera Edición, Ed., Grijalbo, México, 2007, p. 49
[2] Ídem., p.49

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